Sin duda, uno de los regalos estrella de las pasadas Navidades, los drones están empezando a ser una presencia habitual en muchos hogares. Para quienes no sepan aún de qué hablamos, se trata de esos pequeños artefactos que se manejan por control remoto o, dicho de otro modo, pequeñas aeronaves no tripuladas. Los drones están demostrando su efectividad no solo en el ámbito del ocio. Usos militares, como vehículos de transporte de mercancías… las posibilidades que se abren son infinitas.
Esta diversidad de aplicaciones, así como su propia naturaleza que hace que los drones ocupen el espacio aéreo de los países, son los principales aspectos que han llevado a la urgencia de crear una normativa europea que regule su uso.
En este sentido, uno de los temas que más preocuparon a los percusores de esta iniciativa legislativa es el que se relaciona con la protección de datos. Fue el Grupo de Trabajo Artículo 29, con presencia de todas las agencias europeas de protección de datos, quien impulsó este verano el establecimiento de una normativa común sobre drones que mejore la seguridad y marque los límites en su uso.
Hay países que ya han iniciado la tramitación de sus propias leyes nacionales, como Francia o Reino Unido. Y es precisamente la posibilidad de que estas normativas propias puedan entrar en conflicto lo que origina el documento presentado por el GT29. La exigencia va en la línea principal de proteger al ciudadano de la violación de su privacidad que puede suponer que estos aparatos sobrevuelen, sin limitaciones, cualquier espacio. Su capacidad de captar imágenes hace aún más necesario este control.
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