En estos tiempos de cambios y renovaciones parece que algunos de esos reclamos de diferencia ya se han diluido, pero sí se han quedado otros. Esa exigencia de la sociedad de transparencia, sobre todo en lo que tiene que ver con la diferenciación entre la esfera privada y la pública se extiende por todos los campos y actividades.
Una buena muestra es la lista que se ha publicado con los nombres de los abogados del Estado que compatibilizan esta tarea con negocios privados. Son 33 nombres, de un total de 323, que hasta ahora Abogacía del Estado se había negado a que se conocieran. Solo tras una resolución del Consejo de Transparencia, sobre una reclamación de El Confidencial, se han podido conocer. El diario solicitó una acceso para conocer la identidad de estos profesionales y Abogacía dijo no. Ahora, se han podido conocer.
Es importante señalara que los motivos de esta ocultación están relacionados con el tema de la concesión de compatibilidades. La práctica generalizada, al menos hasta ahora, era que la fiscalización sobre estas actividades privadas es escasa, más bien nula. Un campo abonado para corruptelas y fraudes.
Un claro ejemplo es el de Joaquín José Abajo Quintana, abogado del Estado en activo, que tuvo que declarar en enero en el caso Afinsa, el de la supuesta estafa de los sellos, en su posición de secretario del consejo de administración de esta firma. Y salió a la luz que durante todos los años en los que ejerció este cargo, por el que se llevó más de 230.000 euros (1998-2005), sin tener contrato alguno firmado con Afinsa.
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